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Violencia genera violencia

La encuesta de percepción ciudadana “Así Vamos Nuevo León 2018” es bastante clara en temas de seguridad y justicia. Desde que existe este instrumento, nunca antes los índices de confianza en los servicios de seguridad pública fueron tan bajos. De todos los datos, llama especialmente la atención los más de diez puntos que disminuyó el Ejército y la Marina en solo un año. 

Y es que, según este mismo estudio, cuando los principales problemas de seguridad en el Estado se focalizan en robos patrimoniales y violencia en las colonias, resulta lógico que, por su propia naturaleza castrense, las fuerzas armadas no sean las más adecuadas para ayudar a resolver dichas tareas. 

Por ello, no es sorprendente que las dos principales exigencias de los nuevoleoneses para poder confiar en el trabajo de la policía sean su preparación y su trato cordial. Características que dependerán del sello particular del gobierno en turno, de los diferentes programas que el titular de cada corporación implemente, y de la disposición por solventar problemáticas específicas dependiendo de sus competencias.

De ahí que la confianza por municipio en sus corporaciones de seguridad no sea uniforme. Es evidente que el presupuesto de San Pedro no es el mismo que el de Cadereyta, que a pesar de la cercanía entre Escobedo y Apodaca estos enfrentan distintas dificultades y, por ende, sus modelos de respuesta no son iguales, que quizá en San Nicolás sea suficiente contar con un determinado número de elementos policiales pero no en García.

Porque la esencia de la organización política de un territorio radica en su pluralidad. El fundamento de que existan niveles de gobierno se encuentra en los matices, en los diferentes estilos de administrar un espacio que aunque común, en absoluto homogéneo.

Por eso, vale la pena recordar que existe un marco normativo que ordena las funciones y competencias de los actores políticos, que muchas veces podrán ser concurrentes y otras tantas facilitar esquemas de colaboración, pero de eso a difuminar la legalidad, anteponiendo la pragmática, hay un abismo.

Cuando el Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y los alcaldes de la zona metropolitana, formalizaron el Operativo Metropolitano de Seguridad (que no es otra cosa que la militarización del mando de la operación y coordinación de la seguridad de los once municipios metropolitanos), lo que hacen es ignorar los matices de sus comunidades y desconocer un instrumento tan valioso como la encuesta de percepción ciudadana antes aludida.

Así, mientras a nivel federal se llevaron a cabo foros y distintas discusiones respecto a la creación de un nuevo cuerpo de seguridad unificado, en Nuevo León se ha preferido darle la vuelta a los procedimientos jurídicos, sin algún tipo de deliberación, de espaldas a las múltiples recomendaciones de organismos internacionales, emitiendo un mensaje de absoluta desconfianza hacia las policías locales, e incluso evocando aquellos trágicos años en los que el combate frontal a la violencia generó más violencia. 

El Operativo Metropolitano de Seguridad antes que proponer un voluntarioso esquema de coordinación se advierte como un vil experimento ensuciado por intereses políticos. De ahí que se puede vislumbrar, como mencionó CADHAC, un plan piloto para implementar la Guardia Nacional en Nuevo León.

Con este tipo de acciones queda en evidencia que el cortoplacismo prima sobre cualquier diagnóstico y que las posibilidades para incidir desde lo local difícilmente prosperan. El desconocimiento de las implicaciones del Operativo Metropolitano de Seguridad para los nuevoleoneses resulta tan lamentable como peligroso.


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